Compraban derechos de pago para luego compararlos con parcelas no declaradas durante varias campañas de la PAC
09/05/2023 – RM Noticias. Mira
La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ciudad Real ha llevado a cabo la Operación Timallus con el objetivo de desentrañar una serie de delitos cometidos por un grupo delictivo, incluyendo presunto fraude en subvenciones otorgadas por la Unión Europea a través de la Política Agrícola Común (PAC).
La investigación se inició gracias a la colaboración ciudadana, que proporcionó información que señalaba a agricultores que podrían estar recibiendo ayuda de la PAC de manera fraudulenta. A partir de esta información, se inició una investigación para determinar la veracidad de los hechos y su autoría. Los resultados positivos obtenidos durante las primeras pesquisas llevaron a la presentación de los hechos ante la Fiscalía Europea.
Detención
Después de iniciar las primeras pesquisas, se logró identificar a un individuo y a una compañía que habían solicitado subvenciones directas de la PAC durante los años 2018, 2019 y 2020. En estos casos se observaron anomalías y desviaciones, así como un crecimiento exorbitante y una ampliación en el número de hectáreas y áreas, y el monto de subvención solicitada. Esto se tradujo en un incremento en los fondos recibidos, pasando de alrededor de 2.000 euros en 2018 a más de 40.000 en 2020.
A medida que la investigación progresaba, se descubrió que la primera persona identificada, junto con otra, eran los dueños de varias otras empresas. Estas se utilizaban para comprar derechos de pago y buscar parcelas no declaradas debido a la falta de actividad real u otras razones.
Se pudo confirmar que se trataba de una organización delictiva bien estructurada con una clara distribución de roles. Esta estaba compuesta por al menos tres individuos y cinco empresas que operaban en varias provincias de España, incluyendo Ciudad Real, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Murcia y Madrid. Dos de estas empresas se encargaban de adquirir derechos de pago para luego contrastarlos con parcelas no declaradas en varias campañas de la PAC, información obtenida por alguien con acceso a bases de datos oficiales. Otras dos empresas se utilizaban específicamente para solicitar ayudas de la PAC y proveer facturas falsas a terceros para adjuntar a las solicitudes de subvención. La última empresa se promocionaba en internet con el fin de localizar parcelas en todo el país para perpetrar este fraude.
Además, se concluyó que esta red criminal no sólo recibía dinero público de forma directa, solicitado por sus empresas, sino que también obtenía fondos públicos externamente mediante la firma de contratos comerciales para la activación de los derechos de pago con terceros.
Se estima que, a través de la acción directa de estas empresas, se ha defraudado inicialmente una cantidad de 212.000 euros de dinero público en forma de subvenciones de la Unión Europea. Sin embargo, al incluir los beneficios obtenidos y el fraude realizado de manera indirecta, la cifra asciende hasta los 500.000 euros.
La investigación concluyó con la detención de tres individuos a los que se les imputan delitos de fraude a la Hacienda de la Unión Europea, pertenencia a organización criminal, estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales. Además, se llevaron a cabo dos registros en Murcia, donde las empresas implicadas tenían su sede social. Durante estos registros, se incautaron 13.050 euros en efectivo, así como documentación y dispositivos informáticos. También se intervinieron nueve cuentas bancarias con saldos cercanos al millón de euros, así como fincas, propiedades, vehículos y tractores.
