Los jueces censuran aspectos secundarios de la reforma de Macron y rechazan solicitud de referéndum para anularla
14/04/2023 – RM Noticias. Mira
El viernes, el Consejo Constitucional francés aprobó los aspectos fundamentales de la impopular reforma de pensiones, permitiendo que el presidente Emmanuel Macron promulgue la ley que elevará la edad legal de jubilación de 62 a 64 años. A pesar de censurar algunos artículos secundarios, el tribunal rechazó la iniciativa de un referéndum que podría haber anulado la recién aprobada reforma tras un proceso largo y complicado.
La decisión del Consejo Constitucional, equivalente en Francia al Tribunal Constitucional español, representa una victoria agridulce para Macron y su reforma, después de meses de crisis política y social. También supone una derrota para los sindicatos y la oposición de izquierdas y extrema derecha que se oponían a la reforma. Sin embargo, el alto coste social y político, así como el veto parcial de la ley por parte del tribunal, podría abrir un debate sobre si debería renegociarse nuevamente. Además, el tribunal ha establecido un plazo hasta el 3 de mayo para examinar una nueva iniciativa de referéndum. Si se aprobara, ofrecería una pequeña esperanza a los opositores de la reforma.
No se garantiza la calma tras meses de protestas, huelgas, mociones de censura, tensiones e insultos en el parlamento, así como un creciente distanciamiento entre Macron y los ciudadanos, que podría afectar los cuatro años restantes de su segundo y último mandato en el Palacio del Elíseo. No obstante, el presidente podrá afirmar que ha cumplido con su promesa electoral. La reforma más importante, que debía demostrar su capacidad para transformar Francia contra viento y marea, se convertirá en realidad.
Ahora, la incógnita es si los sindicatos, que se han unificado tras más de una década de divisiones debido a la reforma de las pensiones, pondrán fin a las manifestaciones y huelgas o continuarán con ellas. La próxima movilización está prevista para coincidir con el Primero de Mayo.
Marine Le Pen, líder de la extrema derecha y jefa del primer grupo de oposición en la Asamblea Nacional, afirmó: «Aunque la decisión del Consejo Constitucional cierra la secuencia institucional, el destino político de la reforma de las pensiones no está sellado». Agregó que, dado que el pueblo siempre tiene la última palabra, corresponderá a ellos preparar un cambio que corrija esta reforma inútil e injusta. Jean-Luc Mélenchon, líder de la izquierda populista, declaró que la decisión del Constitucional «muestra que está más atento a las necesidades de la monarquía presidencial que a las del pueblo soberano» y añadió: «La lucha continúa y debe seguir uniendo fuerzas».
La decisión del tribunal se debió a varios recursos presentados por la oposición de izquierdas y de extrema derecha, así como por la propia primera ministra, Élisabeth Borne, para asegurarse de la constitucionalidad de la ley. La oposición cuestionaba si se había respetado la «sinceridad y claridad» de los debates parlamentarios y acusaba al Gobierno de «manipulación del procedimiento» al haber utilizado una ley financiera en lugar de una ley clásica para la reforma.
El tribunal ha censurado, total o parcialmente, seis de los 36 artículos de la Ley de Financiación Rectificativa de la Seguridad Social para 2023, el nombre completo de la reforma. Paradójicamente, algunos de estos artículos se habían introducido en el texto para darle un enfoque más social, y varios eran los más aceptables para la oposición. Sin embargo, según los miembros del tribunal, estos artículos no encajaban con el formato de una ley financiera, ya que no tenían impacto en las cuentas de la seguridad social. Entre los artículos censurados, se encuentran aquellos que incentivaban a las empresas a contratar a trabajadores de mayor edad. Uno de los problemas de la reforma es que obliga a los ciudadanos a prolongar la vida laboral, mientras las empresas prescinden de los mayores de 60 años. Solo un 35% de esta franja de edad se encuentra en el mercado laboral en Francia; en Alemania, es el 61%, según datos de la OCDE.
