La recaudación por el tributo experimentó una caída del 40% en 2022, lo que ha contribuido a aumentar los primeros números rojos que las entidades locales han registrado en una década
18/04/2023 – RM Noticias. Mira
n el último año y medio, los cambios en el impuesto de plusvalía han afectado significativamente los recursos municipales. La declaración de inconstitucionalidad del tributo, las devoluciones resultantes y la posterior reformulación del sistema para calcularlo han disminuido en 2022 aproximadamente 830 millones de euros en las finanzas de los ayuntamientos, según estimaciones basadas en los últimos datos del Ministerio de Hacienda. En total, la contribución del impuesto a las arcas locales se redujo en un 40% hasta los 1.300 millones, en comparación con los 2.141 millones del periodo anterior. Esta cifra es la más baja en una década, incluso menor que lo recaudado durante la pandemia.
Además, las cuentas de las corporaciones locales han registrado otra anomalía: en el último ejercicio, han incurrido en su primer déficit desde 2011. Este saldo negativo se debe, al menos en parte, a un efecto contable provocado por los ajustes en el sistema de financiación. Estos cambios han impactado directamente en los ingresos municipales y han generado desafíos financieros para las entidades locales.
El impuesto de plusvalía es el segundo impuesto más relevante para las haciendas locales, solo superado por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), con ingresos anuales que normalmente superan los 2.000 millones de euros. Sin embargo, su recaudación experimentó una caída cercana al 39% en 2021, en contraposición al aumento generalizado de los ingresos en otros aspectos.
Entre 2017 y 2021, el Tribunal Constitucional emitió tres sentencias en contra del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), también conocido como plusvalía, que fueron desmantelando gradualmente el tributo. Las dos primeras sentencias eliminaron la posibilidad de exigir el impuesto cuando la operación generara pérdidas o cuando la cuota a pagar fuera superior a la ganancia obtenida, situaciones que comenzaron a ocurrir con frecuencia en el traspaso de inmuebles adquiridos durante el auge inmobiliario.
El último fallo, en octubre de 2021, fue más drástico y representó un cambio radical para los municipios. La sentencia declaró nulo el método para calcular el impuesto, lo que de facto dificultó el cobro del mismo. Como resultado, los ayuntamientos han tenido que enfrentarse a una pérdida significativa de ingresos y adaptarse a los cambios en la estructura del impuesto de plusvalía.
La disminución en los ingresos por el impuesto de plusvalía también ha influido en el crecimiento más lento de los recursos no financieros de los municipios en 2022, en comparación con los desembolsos. Los recursos no financieros aumentaron un 7,7%, alcanzando un total de 87.508 millones de euros, mientras que los desembolsos crecieron un 14,6%, sumando 89.155 millones de euros. Este aumento en los desembolsos fue impulsado por el repunte de la inversión y del gasto corriente.
No solo los ayuntamientos, sino todas las administraciones públicas cerraron 2022 en números rojos. En conjunto, el desequilibrio entre ingresos y gastos públicos fue del 4,8% del PIB, lo que equivale a unos 60.000 millones de euros. Este déficit refleja unas cuentas públicas que aún no se han recuperado del impacto económico provocado por la pandemia.
En 2020, el Ministerio de Hacienda mantuvo las estimaciones de crecimiento y las asignaciones calculadas antes de la pandemia, lo que generó un saldo a su favor, dado que la economía sufrió una caída del 11%. De acuerdo con las reglas del sistema, los ayuntamientos habrían tenido que devolver este año el exceso de ingresos, pero el Gobierno decidió condonar esta liquidación, que ascendía a más de 3.000 millones de euros.
