El Partido Popular no tardó en reaccionar, solicitando la dimisión del presidente del Gobierno. Borja Sémper, portavoz del PP, lideró la demanda, mientras que Alberto Núñez Feijóo, líder de los conservadores, añadió que no hay precedentes de que negocios del entorno de La Moncloa sean investigados por la justicia en 46 años de democracia. Pedro Sánchez respondió con una «carta a la ciudadanía», asegurando que tanto él como su pareja están «absolutamente tranquilos» y calificando la acusación como un «zafio montaje» impulsado por asociaciones ultraderechistas.

El juez Peinado inició la investigación el 16 de abril basándose en una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias. A día de hoy, los indicios contra Gómez se limitan a recortes de prensa y un informe de la Guardia Civil que no encuentra indicios de delito. La investigación ha causado revuelo en la campaña electoral, y tanto el PSOE como el Gobierno han criticado la actuación del juez y la utilización política del caso por parte de la oposición.

En público, el Gobierno ha mantenido una postura moderada en sus críticas al juez, mientras que desde Ferraz, sede del PSOE, se ha mostrado indignación ante la filtración y se ha acusado al juez de intentar influir en las elecciones. El PSOE ha llamado a sus votantes a responder en las urnas y a detener lo que consideran una ofensiva de la ultraderecha.

La citación de Gómez se ha producido en un momento crítico, a pocos días de las elecciones, generando un intenso debate sobre la separación de poderes y la influencia de las decisiones judiciales en la política electoral.

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