Siete Aguas se Queda Sin Voz: Denegada la Consulta Popular sobre el Futuro Parque Eólico
En una decisión que ha resonado a través de las calles de Siete Aguas, el Consejo de Ministros ha puesto un alto a la posibilidad de que los vecinos de este municipio valenciano decidieran en consulta popular su postura respecto a la instalación de un parque eólico en la zona. La resolución, que ha causado un profundo descontento entre la población de 1.229 habitantes, se basa en la interpretación de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, bajo la cual el Gobierno ha concluido que la consulta no cumplía con los criterios establecidos para su autorización.
La controversia surge en torno al futuro parque eólico de la Sierra del Tejo, un proyecto que promete transformar el paisaje local y que, según sus detractores, amenazaría el entorno de una finca que alberga un museo al aire libre del reconocido escultor Miquel Navarro. A pesar de la relevancia del asunto para los residentes y la particular implicación cultural y ambiental que conlleva, el Consejo de Ministros ha dictaminado que el tema «no es un asunto de competencia propia municipal ni es de carácter local», cerrando así la puerta a la realización de la consulta.
Este veto del Gobierno no solo impide que Siete Aguas ejerza un derecho a expresar su voluntad colectiva sobre un proyecto de significativo impacto en su entorno, sino que también pone de manifiesto la complejidad de la legislación en torno a las consultas populares y la autonomía municipal. La Comunitat Valenciana, alineándose con la postura del Consejo de Ministros, había emitido previamente un informe desfavorable respecto a la celebración de la consulta, argumentando la falta de competencias municipales en la materia.
El caso de Siete Aguas se suma a un creciente debate sobre la implantación de instalaciones de energías renovables en territorios con importantes valores naturales y culturales. Mientras el país avanza hacia una transición energética más sostenible, este episodio refleja la tensión entre el desarrollo de infraestructuras verdes y la preservación del patrimonio local, un dilema que seguirá planteando desafíos a comunidades y legisladores por igual.
